POR BENNY RODRIGUEZ
BARAHONA: El fiscal del Distrito Judicial de Barahona, reaccionó extrañado cuando se enteró que dos personas murieron la mañana de este miércoles en la mina de sal de Puerto Alejandro, ya que un juez ordenó su cierre como consecuencia de una litis judicial entre los ayuntamientos de Jaquimeyes y Vicente Noble y el distrito municipal de Canoa.
Yvan Ariel Gómez Rubio, entrevistado en su despacho de la fiscalía, dijo que el Ministerio Público está apoderado de la litis por el control de la mina de sal, ubicada en la loma El Curro, por lo que se ordenó su cierre hasta tanto haya una decisión definitiva entorno a su posesión que reclaman los referidos municipios y el distrito municipal.
“Nosotros entendíamos que la mina estaba cerrada por la sentencia en acción de amparo que lo ordena y que nosotros le habíamos notificado por acto de alguacil al alcalde Domingo Milquiades Florián para que acatara la decisión hasta tanto se conociera el fondo”, afirmó Gómez Rubio.
La mañana del pasado miércoles como consecuencia de un temblor de baja magnitud fallecieron al derrumbarse la referida mina, Salvador García, de 60 años y Edgar Batista, de 35, el primero por insuficiencia respiratoria por aplastamiento al caerle varios sacos de sal sobre su cuerpo y el segundo cuando era llevado al hospital Regional Universitario Jaime Mota, pero que se tuvo acceso al diagnostico del médico forense.
La Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Barahona, mediante la sentencia número: 14-00241, ordenó paralizar el proceso de operación de la mina de sal, pero el alcalde de Jaquimeyes, Domingo de los Santos, no acató la orden del tribunal.
El ayuntamiento del municipio de Vicente Noble, a través de la Junta de Distrito de Canoa, representada por su alcalde Domingo de los Santos de León y el Director de Distrito Luis F. Matos Dotel, presentaron un recurso en acción de amparo en contra del ayuntamiento de Jaquimeyes, ya que reclaman como de su territorio la mina.
Sin embargo, Domingo Milquiades Florián, alcalde de Jaquimeyes, desacató la decisión judicial, la cual está firmada por el juez Manuel Emilio González Castillo, por lo que Gómez Rubio, dijo que como el ejecutivo municipal tiene jurisdicción privilegiada pasará el expediente a la Procuraduría de la Corte de Apelación dpara el conocimiento del caso.
Se recuerda que el municipio de Jaquimeyes reclamó al ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona la administración de la mina de sal, tras alegar era de su propiedad, por lo que tribunales ordinarios la favorecieron, pero recurrió por ante el Tribunal Constitucional que determinó pertenecía al primero.
El caso deberá ventilarse ahora en la Procuraduría de la Corte de Apelación que dirige el magistrado Ulises Guevara, en razón de que el alcalde de Jaquimeyes tiene jurisdicción privilegiada, sobre todo, ahora que han ocurrido estos dos lamentables fallecimientos.
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